Tal es el caso reciente, en donde lo establecido por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerdos internacionales y otros principios universales, como el derecho a un medio ambiente sano, al libre tránsito, a la libertad de manifestación y de expresar aquello que no consideren adecuado o vaya en contra de las condiciones de vida, se “evaporaron” ante el abuso de autoridad propagado desde el gobierno emecista.
Alrededor de las 12 horas de este lunes 15 de mayo de 2023; vecinos del coto San Rafael ubicado en la calle Mariano Azuela entre Avenida Historiadores y calle José. R. Benítez, en el oriente de Guadalajara, se vieron sorprendidos por la presencia de elementos de diferentes corporaciones policíacas, estatales y municipales, quienes “enrejaron” las propiedades de los vecinos, evitándoles el libre tránsito en vía pública y privándoles de sus derechos. Los habitantes de este lugar reportaron que estaban obligados a permanecer encerrados adentro de sus viviendas por policías del estado y de la policía metropolitana.
La represión aplicada, a manera de intimidación y amenaza, se agudizó aún más al darles la orden que retiraran sus vehículos de la zona porque cerrarían el paso y la circulación en esa calle para dar continuidad a la construcción del colector pluvial, suspendido por ordenamiento federal.
La misma obra que cuenta con diversos procedimientos judiciales, entre ellos, una nueva suspensión a favor de los vecinos de la calle Mariano Azuela, por considerar que esta obra pone en riesgo el patrimonio de decenas de familias, quienes han advertido que la presencia de maquinaria pesada, camiones de materiales y otros vehículos de las constructoras, dañan las viviendas, al igual que al medio ambiente.
El argumento jurídico expresado por los afectados, poco o nada le importó a la autoridad, quienes pusieron “oídos sordos” a lo establecido en la suspensión provisional 801/2023 del pasado 14 de abril de 2023, contra la obra del colector pluvial San Rafael, por los daños que se causen a las viviendas de las calles invadidas con maquinaria y uso de transportación logística, Mariano Azuela, al medio ambiente y la fauna que existe dentro del parque San Rafael. Así como a la integridad física de los vecinos.
Con el despliegue de una fuerza policíaca conformada por casi un centenar de elementos de diferentes corporaciones policíacas municipales, estatales, de la fiscalía y la presencia del director de seguridad pública metropolitana, Aldo Mojardin; Carlos Torres, director del SIAPA y Salvador González; ENCABEZANDO ESA HORDA DE POLICÍAS.
Trabajadores y elementos policiacos apostaron vallas metálicas y guardias afuera de las casas de los vecinos y colocando malla ciclónica a lo largo de la calle para impedir el acceso de los vecinos y transeúntes, estudiantes de la secundaria número 58.
En una acción arbitraria, ilegal y totalmente violatoria de los derechos humanos de los vecinos y demás habitantes de esta zona de Guadalajara.
“Rechazamos la manera ilegal e impositiva como se ha llevado a cabo esta obra del depósito pluvial y de los colectores de entrada y salida, que es de manera arbitraria, autoritaria, violatoria de leyes, de derechos humanos, siempre acosando y hostigando con el uso de la fuerza pública a quienes nos oponemos desde un inicio a las mismas”, señalaron los afectados a través de un comunicado.
Agregaron, “es intolerable la represión hacia los vecinos, quienes no estamos de acuerdo con esta obra, y no se debe permitir que el Estado-gobierno y el SIAPA, utilicen el poder del estado para imponer obras, para amedrentar ciudadanos con el uso de policías, se secuestre y lacere la integridad de las familias que habitamos en la calle de Mariano Azuela y sus colindantes, se desacaten suspensiones judiciales; se violenten los derechos humanos de los ciudadanos y habitantes de las casas aledañas al parque San Rafael, hacemos un llamado a las instituciones Semarnat, Profepa, a la comisión estatal de derechos humanos Jalisco (CEDHJ), al poder judicial federal, al consejo de la judicatura federal, para que salgan a aclarar esta situación y a las autoridades federales para que hagan valer en el estado de derecho.
Cabe mencionar que esto sucede unos días después de que, en el Congreso del Estado, se hiciera ante el pleno la petición de que se involucraran las autoridades correspondientes y diputadas de algunas bancadas, realizaran dicho exhorto, mismo que para el ejecutivo estatal y su equipo incondicional, no tienen el más mínimo valor y mucho menos consideración, ya que aún no inician oficialmente las precampañas, esa época en que salen casa por casa a escuchar y a prometer lo que siempre terminan olvidando, pero que les sirve para “engatusar” y engañar a los votantes, esos que ahora pisotean.
