La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida la consulta que el ejecutivo federal pretende hacer para juzgar a los ex presidentes de México, de Salinas a Peña Nieto, en una determinación polémica, que ha dividido a la opinión publica y que cambia el sentido de la pregunta original a:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?” como una forma de aceptar tácitamente que la corrupción en México rebasa por mucho los preceptos constitucionales, las instituciones y a los encargados de ellas.
Un acto por demás lamentable que exhibe que el presidencialismo a ultranza no se va a desterrar jamás, que la justicia siempre está supeditada a la política y que la división de poderes no existe, no hay contrapesos al ejecutivo, por el contrario, esto nos deja ver una sumisión total a él, Además nos deja en claro que las instituciones en este país en materia de justicia seguirán pasando de largo actos de corrupción de la clase política y que los ciudadanos no creen en ellas, para muestra un botón tapatío.
Hoy se da a conocer que en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) no hay confianza en las instituciones que se encargan de investigar y sancionar actos de corrupción, según un estudio de opinión realizado en febrero por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, que señala un 89.1 por ciento de quienes fueron testigos de un acto de corrupción no lo denunció. Uno de cada tres de éstos no recurrió a las autoridades porque “no pasa nada” con las investigaciones.
De quienes no denunciaron actos de este tipo, 20.1 por ciento dijo que no lo hizo por temor a represalias; 14.3 por ciento porque no supo a dónde acudir a interponer la denuncia; 6.1 porque no podía probar sus dichos, y 1.4 porque fue uno de los beneficiados por el acto corrupto. El resto argumentó otras causas.
También reveló que la población considera que los tres niveles de gobierno están reprobados en el combate a la corrupción. Los Municipios y el estado tienen 4 puntos de 10 y el gobierno federal, 4.3. Además, más de la mitad de los tapatíos aseguró que desconoce cuáles y qué hace cada una de las entidades encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción en el estado.
Ante estos argumentos, deberíamos plantear mandar al demonio las instituciones encargadas del combate a la corrupción, que tan caras nos cuestan, e implementar la consulta a mano alzada para juzgar, como dice la pregunta corregida de la SCJN, todo acto de corrupción sospechoso de los políticos en México.
