La coartada del Gobernador: Criminalizar para no investigar

El gobernador Pablo Lemus Navarro compareció ante los micrófonos no como jefe del Ejecutivo, sino como fiscal improvisado, juez de instrucción y vocero del expediente. En una sola declaración, decidió quién era la víctima, quién el sospechoso y, de paso, cuál debía ser la narrativa pública del crimen. El mensaje fue claro: Alberto Prieto no era empresario; era, en todo caso, un presunto delincuente. Y así, con la soltura de quien dicta sentencia antes del juicio, el muerto fue colocado en el banquillo.

El problema no es semántico. No se trata de si Prieto era “empresario formal” o “bodeguero” del Mercado de Abastos. El problema es la criminalización de la víctima como coartada política. Cuando el poder decide que la mejor defensa frente a un asesinato es explicar —con detalles selectivos— las supuestas culpas del asesinado, el Estado abdica de su obligación esencial: investigar sin prejuzgar y comunicar sin condenar.

Lemus abrió dos “líneas de investigación” con la precisión de quien ya conoce el veredicto. La primera: rifas y sorteos ilegales, “gota a gota”, colombianos. La segunda: tráfico y venta de armas. Y remató con una frase que pasará a la antología del desdén institucional: “No sé si eso sea ser empresario”. La sentencia no solo descalifica; deshumaniza. Porque, en la lógica del discurso, quien no encaja en la etiqueta conveniente deja de merecer la presunción de inocencia… incluso después de muerto.

La paradoja es que, mientras el gobernador desmenuza antecedentes y rumores, la Fiscalía del Estado —la única autoridad constitucionalmente facultada para investigar— queda relegada al papel de comparsa. El Ejecutivo anuncia que pidió apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, que mantiene comunicación constante y que habrá “revelaciones relevantes”. ¿Desde cuándo el gobernador adelanta conclusiones de inteligencia? ¿Desde cuándo el Ejecutivo estatal administra expedientes penales como si fueran boletines de campaña?

Hay algo más grave: el uso político del expediente. Al revelar antecedentes penales —el remarcado de un tráiler, señalamientos por robo de carga— el gobernador no informa; construye un relato. Un relato que desplaza la atención del crimen hacia la biografía del muerto. Un relato que sugiere, sin probar, que la violencia fue consecuencia natural de una vida “mal llevada”. Y así, la pregunta central —¿quién mató y por qué?— queda eclipsada por la insinuación: “algo debía”.

La tragedia alcanza un punto de obscenidad cuando, tras dibujar el prontuario del padre, Lemus “lamenta enfáticamente” el asesinato de la hija menor y la llama “víctima inocente”. La frase, quizá involuntaria, establece una jerarquía moral entre muertos. Como si la inocencia fuera un salvoconducto póstumo y la culpa, una licencia para matar. En un Estado de derecho, todas las víctimas lo son, sin adjetivos que las dividan.

También se anuncia que se investiga la posible participación de actores políticos, que no hay tintes partidistas, que habrá sanciones “con todo el peso de la ley”. Es el repertorio habitual del poder cuando quiere parecer firme sin decir nada concreto. Pero mientras se promete imparcialidad, se practica la anticipación de culpabilidades desde la tribuna del Ejecutivo. La contradicción es evidente.

La historia reciente de este país enseña que cuando el poder habla demasiado pronto, suele hacerlo para tapar demasiado tarde. La función del gobernador no es explicar si una víctima “merecía” su nombre ni administrar sospechas como si fueran certezas. Su función es garantizar que la Fiscalía investigue con rigor, que el proceso sea limpio y que la comunicación oficial no linche a quien ya no puede defenderse.

En el México de hoy —y en el Jalisco de hoy— la violencia no se combate con adjetivos ni con expedientes ventilados a conveniencia. Se combate con instituciones que respeten sus límites. Cuando el gobernador usurpa la función del fiscal y el muerto termina en el banquillo, la justicia pierde dos veces: una por el crimen y otra por el discurso.

Porque al final, más allá de rifas, armas o etiquetas, hay una verdad incómoda que el poder prefiere eludir: ningún antecedente justifica un asesinato, y ningún gobernador debería convertir la sospecha en argumento. En la mesa del poder, la víctima no se juzga; se honra investigando. Todo lo demás es propaganda.

En X @DEPACHECOS