OPINIÓN

Pablo Lemus busca con carta, lo que José Luis Tostado no supo generar en el Congreso: Su Reforma al Poder Judicial

Hay ocasiones en que la política se viste de toga y pretende hablar en nombre de la justicia. Pero basta escuchar con atención para advertir que, bajo el ropaje solemne, lo que se debate no es el derecho, sino el poder. En Jalisco, la llamada “Reforma Judicial” se ha convertido en el nuevo espejo donde se reflejan las viejas pugnas por el control institucional.

El gobernador Pablo Lemus Navarro, consciente del desgaste que la fracción de Movimiento Ciudadano vive en el Congreso, envió una carta abierta con el tono del estadista que busca el consenso y la foto de la reconciliación. Habla de diálogo abierto, de técnica y transparencia, de devolverle la confianza al pueblo. Promete un “modelo de justicia” que atraiga inversiones, corrija errores y premie el mérito. Su mensaje es limpio, casi pedagógico: el centro de la reforma —dice— no son los poderes, sino los ciudadanos.

Pero en la política mexicana, las palabras nobles suelen ser el disfraz de los intereses. Lo que el gobernador omite —y sus adversarios no perdonan— es que el plazo constitucional para aprobar la reforma venció en marzo, y que su “convocatoria al diálogo” llega cuando el Congreso ya dio primera lectura al dictamen. Es decir: Lemus convoca a deliberar sobre algo que el Legislativo ya discute formalmente. Tarde y con sospecha.

La respuesta de la Junta de Coordinación Política, firmada por Morena, PAN, PRI, Hagamos, PT y Futuro, no se deja seducir por el tono diplomático del Ejecutivo. Le recuerdan que hay siete iniciativas en juego, no solo la suya, y que el Congreso es “conducto de diálogo con respeto a la división de poderes”. En otras palabras: gracias por su carta, gobernador, pero no nos dicte la agenda.

El documento legislativo, cortés pero filoso, es un mensaje de autonomía: la reforma judicial ya está en curso y su contenido se discutirá en los tiempos del Congreso, no en Palacio de Gobierno. Jalisco, señalan, “se ha rezagado como una de las tres entidades del país que no aprueban su reforma constitucional”. Es decir: la urgencia es real, pero la ruta será política, no protocolaria.

En el fondo, esta escaramuza epistolar revela la lucha por un territorio simbólico: quién define la justicia en Jalisco. Lemus busca aparecer como el arquitecto de una reforma moderna y confiable; los legisladores opositores, como guardianes de la independencia del Poder Legislativo. Y mientras ambos bandos intercambian cartas, el reloj constitucional sigue marcando el retraso de un sistema judicial que hace tiempo perdió la confianza del ciudadano común.

El gobernador habla de “altura de miras y paz política”. Los diputados, de “soberanía popular y respeto a la división de poderes”. Ambos dicen tener la razón, pero ninguno responde a la pregunta esencial: ¿quién garantiza que esta reforma —sea la que sea— no termine como tantas otras, convertida en botín de cuotas, de magistrados reciclados y concursos amañados?

En la práctica, los foros ciudadanos y las 330 propuestas mencionadas por el Ejecutivo son una carta de legitimidad que no suple la transparencia real del proceso. Ningún número de mesas o fotografías en el Palacio puede borrar el hecho de que Jalisco llega tarde y dividido a una reforma que debería unificar criterios y no intereses.

El estilo del gobernador, pulcro y empresarial, busca mostrar apertura. Pero, como en las viejas lecciones de la política mexicana, el diálogo no se mide por las invitaciones sino por las concesiones. Y hasta ahora, nadie ha cedido nada: ni los legisladores su autonomía, ni el Ejecutivo su protagonismo.

A fin de cuentas, la justicia en Jalisco sigue siendo ese espejo empañado donde cada poder ve su reflejo más conveniente. Lemus quiere que brille; los diputados prefieren que nadie lo toque. Entre tanto, el ciudadano —el verdadero centro de toda reforma— sigue esperando que alguien le devuelva no la confianza, sino el derecho a creer que la justicia no está escrita en papel de oficina, sino en actos de gobierno.

lo cierto es que, en política: cuando los políticos hablan de diálogo, es porque ya empezaron a contarse los votos.

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