En medio de una fuerte disputa entre el Instituto Nacional Electoral de México (INE) y la presidencia, el secretario ejecutivo del organismo autónomo, Edmundo Jacobo, anunció este martes 28 de marzo su renuncia al cargo.
La decisión fue anunciada por el renunciante en una conferencia de prensa, donde detalló que su renuncia surtirá efecto a partir del lunes 3 de abril, día en que también concluye la gestión del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
En su comunicado, el aún secretario ejecutivo del organismo hizo énfasis en que el INE debe ser totalmente autónomo y señaló que la razón principal de su renuncia obedece a la «notoriedad que sin buscar he adquirido», lo que, dijo, es un impedimento para seguir desempeñándose en el cargo.
¿Por qué su nombre salió a relucir?
El llamado plan b del presidente Andrés Manuel López Obrador, sumado a otros temas, modificó el artículo 50 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En él se estipula que el titular de la secretaría ejecutiva del organismo durará seis años en el cargo y solo puede reelegirse una vez para un periodo de tres años.
Con ello, Jacobo quedó fuera del INE y perdió el puesto que ostentaba desde 2008. Sin embargo, el 13 de marzo fue restituido en su cargo por instrucción del Decimosegundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.
El pasado 24 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda del INE contra la reforma electoral del Gobierno de México y suspendió su entada en vigor.
Fue el ministro Javier Laynez Potisek quien admitió la demanda de controversia constitucional y pidió a las autoridades demandadas, es decir, el Congreso de la Unión y el ejecutivo federal, que presenten su respuesta dentro del plazo legal.
Con ello, queda suspendida de manera indefinida la reforma electoral impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la cual modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los opositores al Gobierno de López Obrador afirman que la reforma electoral dañará la salud democrática del país y afectará directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano ciudadano encargado de vigilar los comicios en el país.
